El fiscal dice que no permitir grabar los plenos de Ròtova atenta contra los derechos fundamentales.

Como se sabe, el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Valencia admitió a trámite la demanda de Compromís contra el gobierno de Ròtova para impedir la grabación de los plenos, "por vulneración de derechos fundamentales". El grupo nacionalista había denunciado reiteradamente esta situación, hasta que finalmente, dada la negativa del Alcalde a permitir la grabación, acudieron a los tribunales. La fiscalía, en un informe presentado, les da la razón. En las alegaciones de la Fiscalía Provincial de Valencia, se estima la demanda y la nulidad de la denegación de grabar los plenos. Al respecto el fiscal considera que "el Acuerdo del Alcalde del Ayuntamiento de Ròtova de fecha 4 de marzo de no permitir la grabación de la sesión del pleno en formato audiovisual, vulnera el contenido esencial de los Derechos Fundamentales de Participación Política de los cargos públicos y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y de comunicar y recibir información veraz debiendo ser declarado nulo". La resolución de Fiscalía se basa en que "el demandante pretendió la grabación audiovisual actuando en el ejercicio de sus funciones públicas como concejal, en representación de los ciudadanos y a fin de poder mejorar el ejercicio de su cargo municipal, mediante la difusión del contenido de los acuerdos y posicionamientos en los términos en que se produzcan, así como mejorar la divulgación de la gestión municipal entre los vecinos" y asimismo advierte que "el acto plenario que se pretendía grabar era un acto público por imperativo legal, del que formaba parte el propio concejal proponente, así como en el que se desarrollaban funciones públicas y en el que el contenido era de evidente interés público”.

El gobierno se gasta 2.000 € en abogados según Compromís

El pasado 21 de mayo, el gobierno del PP aprobó una modificación de crédito de 2.000€, para hacer frente a los gastos del juicio contra la decisión de impedir la grabación de los plenos. Compromís ha criticado esta medida y propone "que el Ayuntamiento haga uso de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia. No entendemos como el gobierno decide gastarse 2.000€ pudiendo tener el mismo servicio gratuito. Para los nacionalistas esta es "una muestra más de la mala gestión del dinero de todos los vecinos y vecinas. No les duele gastar el dinero del pueblo cuando tienen otras opciones para ahorrar, y por eso tenemos el endeudamiento que tenemos".

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